El ingreso mínimo vital alcanzará solo el 50% del objetivo propuesto por el Ministerio de Seguridad Social en el momento de la aprobación de la medida. Concretamente, el Plan Presupuestario para 2021 recoge un impacto adicional para este ejercicio de 1.500 millones de euros de gasto en concepto de ingreso mínimo, de modo que las previsiones del Gobierno cifran el coste de la prestación en 3.000 millones de euros en 2021. Esta cifra, supone multiplicar por seis el coste de la partida en comparación con el desembolso realizado en el primer año de vigencia de la prestación, cuando fue de 492 millones de euros.
Los datos de la nómina mensual de pagos de ingreso mínimo vital por parte de la Seguridad Social reflejan que hasta el mes de marzo de este año se han recibido más de 1,2 millones de solicitudes, de las cuales se han analizado el 75%, unas 873.000 peticiones. Cerca de 210.000 tramitaciones de ingreso mínimo vital han sido aprobadas en los nueve meses de vigencia de la nueva prestación aprobada con motivo de los efectos de la pandemia sobre la población más vulnerable de España.
De estas 210.000 ayudas que han sido otorgadas por el Gobierno, unas 75.000 prestaciones fueron concedidas de oficio en el primer pago efectuado el 26 de junio del pasado ejercicio, al tratarse de beneficiarios de las rentas mínimas autonómicas que ya cumplían con todos los requisitos de acceso a la prestación. De este modo, las ayudas aprobadas a partir de solicitud son 135.000, lo que supone un 11,2% de las solicitudes recibidas y un 15,5% de las analizadas -si tomamos las que están a día de hoy otorgadas (210.000), estas son un 17,5% sobre las solicitudes recibidas y un 24% sobre las analizadas.
Con el abono de unos 152 millones de euros correspondientes a la nómina de marzo eleva a más de 920 millones el total desembolsado por la Seguridad Social en estos nueves meses de vigencia de la prestación desde su aprobación y puesta en marcha.
De los 1,2 millones de solicitudes recibidas por el INSS, la Seguridad Social ha denegado cerca de 600.000, el 50% de todas las peticiones recepcionadas. En su mayoría, las denegaciones se han producido por no cumplir el criterio de vulnerabilidad (al superar los umbrales de renta y patrimonio), aunque un 10% de las denegaciones se debe a la falta de acreditación de la unidad de convivencia, para lo que en enero se realizó una modificación normativa para que los trabajadores sociales y entidades colaboradoras del ingreso mínimo vital puedan realizar la acreditación y facilitar el reconocimiento de situaciones de convivencia no convencionales.
En marzo, casi el 44% de las personas que viven en hogares titulares de la prestación son menores y casi el 70% de las unidades de convivencia a las que se les abonará la nómina de marzo tienen al menos a un menor en ellas. Este hecho hace que, si se tiene en cuenta a todos los miembros de las unidades de convivencia, la edad media se sitúe en 27,55 años.